Finalizó el plazo de búsqueda de inversores para Sniace.

El Fogasa tendrá que pagar más en indemnizaciones, después de una sentencia.

Las noticias sobre la productora de fibra de celulosa Sniace son, ya, de puro seguimiento histórico. La compañía lleva más de dos años cerrada, y sin perspectivas de reapertura. En realidad, esa empresa ya había muerto hace años y su resurrección fue tan sorprendente como improbable. Durante el primer trimestre todavía se han conocido informaciones, sobre todo referidas a los reproches cruzados entre políticos, por la ausencia de un plan de reindustrialización para la comarca del Besaya, Cantabria, cuya cabecera es Torrelavega, donde se encuentran los restos de Sniace. El 20 de abril finalizaba el plazo para que los administradores concursales hallasen inversor para reactivar las instalaciones (con el proyecto y para la actividad que considerasen oportuno). Nadie se ha interesado, y aunque no hay noticias posteriores, parece que todo debería encaminarse a una liquidación dura.

Mientras tanto, se ha producido otra noticia cuyo mayor interés es el del precedente que sienta para otras crisis similares, y es el conjunto de tres resoluciones de la Sala de lo Social del TSJ (Tribunal Superior de Justicia) de Cantabria, que desautorizan a los Juzgados de lo Social de nivel inferior, en los criterios que proceden a la hora de indemnizar a una plantilla despedida. El Fondo de Garantías Salariales, Fogasa, aplicó el cálculo con arreglo a las cifras vigentes en el momento de extinción de contratos, en 2013. Pero el sindicato USO interpuso demandas para que se recalculase referido a 2020, que es cuando tuvo lugar la declaración de insolvencia y la apertura del proceso de liquidación. El TSJ de Cantabria le ha dado la razón al sindicato, y eso supone que, quienes interpusieron demanda dentro de los dos meses posteriores a recibir la resolución del Fogasa, percibirán indemnizaciones un 47% superiores.