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Las fórmulas de conciliación ya se han negociado en convenios. La medida altera las reglas de juego, con un alto coste.

En la asamblea anual de la patronal de la gran distribución, Anged, celebrada anteayer, 15 de octubre, en Madrid, se expuso la inquietud que embarga al comercio ante la próxima imposición de una reducción de jornada laboral manteniendo igual salario. Como se sabe, es una medida que no tiene nada que ver con lo que se pacte en convenios (algunos ya establecen sectorialmente jornadas inferiores a las 40 que se contemplan en el Estatuto de los Trabajadores), sino que pretende, precisamente, modificar dicho Estatuto en su artículo 34, e imponer por esta vía una reducción a 38,5 horas semanales en el primer año (probablemente el próximo, aunque se pretendía que fuese ya en 2024) y a 37,5 en el siguiente. Esta medida la impulsa la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.

Como también se sabe, hay empresas que han replantado sus posturas en la negociación de convenio a la espera de ver en qué modo va a afectar a su competitividad la modificación del horario semanal. En el caso de Anged, la presidenta se ha mostrado particularmente crítica, ya que «una posible reducción de la jornada laboral a espaldas de los convenios ya pactados supondría un cambio en las reglas de juego, con un alto coste para los sectores que han encontrado a través de la negociación colectiva fórmulas que permiten la conciliación profesional y familiar sin pérdida de capacidad productiva».

También ha llamado la atención sobre otro problema, el del absentismo laboral, que genera preocupación en el gran comercio. Un informe de Adecco muestra que las horas no trabajadas por absentismo en el segundo trimestre de 2024 en España equivalen a que 1,2 millones de asalariados no hubieran acudido ningún día a su puesto de trabajo. Anged indica que en el comercio «el absentismo rompe a diario el funcionamiento normal de tiendas, almacenes y cadenas de abastecimiento». Anged lamenta que la intención de la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, de abrir una mesa de negociación con agentes sociales para estudiar un nuevo modelo de «baja flexible», choque en la oposición de otras personas del partido de Gobierno.

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