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El juez obliga a declarar presencialmente a un directivo de la marca.
Tener un contrato de licencia es buena cosa, a menos que algo esté mal atado. Dos sociedades del «grupo» Experience Store habían firmado un acuerdo en tal sentido con la marca de zapatillas («sneakers»), ropa y accesorios New Balance, para la distribución de sus productos en exclusiva en España, con vigencia desde 2011 y hasta 2021.
En su momento informamos que en el verano de 2021 la compañía estadounidense comunicó a Experience que no renovaría al contrato, listo para expirar en diciembre. Esta se sintió traicionada, pues había asumido (indica que así habría sido dado a entender por New Balance) que la licencia se prorrogaría al menos hasta 2025, por cuya razón siguió invirtiendo en la apertura de tiendas hasta el último momento. Después de anunciar esa cancelación, New Balance propuso a Experience comprarle el negocio por una módica cantidad, o así la calificaron los licenciatarios, que rechazaron la oferta.
Experience entró en concurso de acreedores con extinción de sus dos sociedades, tras despedir a 250 empleados y cerrar 22 establecimientos. Ahora, New Balance está abriendo tiendas en los mismos locales (inmediatos a los mismos) que Experience ocupaba y que tuvo que abandonar. Esto se esgrime como signo de que la marca licenciante habría querido heredar al menor precio posible la inversión de su licenciatario.
Mientras tanto, hay una disputa en tribunales. New Balance afirma que no renovó el contrato por incumplimiento en el calendario de pagos, cuando Experience acumulaba una deuda superior a seis millones de euros. Los dueños de Experience denuncian en su querella la presunta comisión de coacciones, delito contra el mercado, y acceso a información privilegiada.
Los dueños de la extinguida Experience Store cifran en unos 40 millones de euros el perjuicio ocasionado.
Las diligencias se siguen en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid. En días recientes se ha tomado declaración a altos directivos de la marca norteamericana. El vicepresidente ejecutivo quiso declarar por videoconferencia, pero el juez le obligó a hacerlo presencialmente.
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