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Un tributo municipal recaudará hasta 2,6 millones, que destinará a fortalecer el comercio de proximidad.
Es una tesis asumida por todas las administraciones con atribuciones fiscales de uno u otro orden que los únicos tributos bien vistos son aquellos relacionados con la sostenibilidad. Y, como las actividades de transporte se consideran contaminantes, con efecto perjudicial sobre el aire que respiran los ciudadanos y efecto invernadero, así como con perjuicio sobre el tráfico callejero, son idóneas para tributar.
En febrero, el Reino Unido estudió crear una «tasa Amazon», como se conoce popularmente a este tipo de propuestas, que grave el reparto de mercancía de las empresas de comercio electrónico. Pero se vio que era muy complejo, con excesiva casuística, y con riesgo de ser más perjudicial que beneficioso en los fines que se persiguen. Así que quedó aparcada.
En Barcelona ha sido el Ayuntamiento el que ha tirado por la vía directa. Con lo que además puede presumir de pionero. Así, un acuerdo de BComú (el partido de la alcaldesa Ada Colau), PSC (partido socialista) y ERC (izquierda de vocación independentista), permitirá llevar al pleno del 23 de diciembre una resolución que abra el período de información pública a un nuevo tributo municipal que podría aplicarse a partir de marzo. Su fin es que las compañías que repartan a domicilio productos comprador por comercio electrónico paguen «por usar el espacio público». Viene a ser un peaje por usar las calles.
Los sujetos tributarios serán los «operadores postales» y de reparto en general, siempre que facturen más de un millón de euros en la ciudad de Barcelona.
Se prevé una tasa del 1,25% de los ingresos obtenidos en Barcelona por el servicio de reparto, de empresas que facturen en la ciudad más de un millón al año (Amazon con su servicio logístico propio, Seur, UPS, DHL, MRW, Correos), con una recaudación máxima conjunta de todas las plataformas de 2,6 millones de euros anuales, contemplando devoluciones a fin de año si la recaudación supera ese importe.
El Ayuntamiento no tiene, se dice, afán recaudatorio. De hecho, todo lo que se ingrese por ese concepto se destinará a «fortalecer y digitalizar el comercio de proximidad».
El Ayuntamiento dice que se quiere favorecer a ese comercio de proximidad, y también las modalidades de reparto en «lockers» o taquillas de recogida (que quedan exentas de gravamen). No ha dicho nada sobre qué pasará con empresas de reparto en bicicleta, que se supone que no hacen el mismo uso del espacio público que las furgonetas.
El Ayuntamiento ha contado con la ayuda del «Institut d’Economia de Barcelona» de la UB, y de la Universidad Carlos III de Madrid, para los aspectos económicos y jurídicos de la tasa, que espera que sirva de ejemplo para otras ciudades europeas. De momento, ya hay varias españolas que han mostrado interés.
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