El Comercio y la Hostelería exigen negociar Ayudas.

La facturación del comercio ha caído 17.000 M € y se han cerrado 63.000 tiendas.

Ya habíamos adelantado que para ayer, jueves 18 de febrero, estaba prevista la presentación de una nueva Alianza del Comercio y la Hostelería de España, para «reivindicar el futuro» de las empresas de estos sectores, cuyas perspectivas están seriamente comprometidas después de las restricciones a su actividad adoptadas para combatir la pandemia.

Participaron en la misma portavoces de varias asociaciones, aunque llevaron la voz cantante el portavoz de la Confederación Española del Comercio, Carlos Moreno-Figueroa, que también lo es de la alianza, además de ser el secretario general de la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos; y Paula Nevado, secretaria general de Marcas de Restauración; también intervino David Sánchez, presidente de Comertia.

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La Alianza insta a la administración a constituir una Mesa de Diálogo de las asociaciones integradas con los Ministerios a los que afecten los temas de debate, para estudiar medias «compensatorias y urgentes» que ayuden a las empresas de ambos sectores a superar la crisis provocada por las restricciones. Como se sabe, en la hostelería ya se están promoviendo denuncias contra la Administración por los perjuicios ocasionados, aunque queden pendientes de que, primero, se avance en la vía de la negociación, por lo que permanecen como una opción alternativa. El comercio, según Moreno-Figueroa, no ha emprendido aún esa vía, aunque no la descarta.

«Tras casi un año de cierres forzados de establecimientos, de continuas y rigurosas limitaciones en su actividad, las empresas de ambos sectores se encuentran en situación crítica, tanto más grave cuanto no existen perspectivas a corto o medio plazo de que la situación vaya a cambiar. Los datos reales indican una pérdida de facturación de 82.000 millones de euros que ya ha provocado el cierre de 148.000 establecimientos y la destrucción de alrededor de medio millón de puestos de trabajo. Escenario que, según los principales servicios de estudios, seguirá empeorando debido a la contracción del consumo privado en casi un 14% a causa de las restricciones y cierres de actividad decretados de manera sucesiva por las diferentes Administraciones Públicas», afirman.

Por esa razón, reclaman medidas que ya están siendo aplicadas en otros países de nuestro entorno, y que la Administración se resiste a poner en marcha en España. Son de cuatro órdenes:

1) Financieras.

—Incremento del período de carencia de los créditos ICO en 12 meses.

—Solución compensatoria para las empresas que no han solicitado ICO’s.

—Ayudas directas compensatorias, en proporción al descenso de ventas respecto al 2019.

2) Laborales.

—Prolongar los ERTE hasta diciembre de 2021.

—Posibilidad de flexibilizar la plantilla, bajo un criterio de proporcionalidad, después del periodo de ERTE, con el fin de evitar el cierre de más empresas.

3) Alquileres.

—Ajustar los contratos a la interpretación de la cláusula rebus sic stantibus. [Nota explicativa por Market Visión: Es esta una práctica más habitual en la doctrina anglosajona, complementaria al principio «pacta sunt servanda». Este último establece que los contrarios son de obligado cumplimiento. La cláusula antes mencionada, que significa «mientras las cosas permanezcan así», fija que el cumplimiento del contrato es preciso mientras las condiciones no varíen en lo sustancial. En el caso que nos ocupa, cuando por fuerza mayor una empresa no puede ejercer su actividad, se desprende que las obligaciones contractuales en el alquiler no pueden ser las mismas].

—Promover un período de «protección jurídica», que impida la ejecución de avales o desahucios, como consecuencia de diferencias de abono de rentas, motivados por los procesos de negociación de los contratos.

4) Fiscales

—Reducción temporal de IVA, para facilitar y potenciar el consumo hasta recuperar el volumen de ventas normal.

—Reducciones/exenciones de impuestos y tasas (IBI, IAE, Basuras…)

El comercio y la hostelería cifran en 12.500 millones las ayudas necesarias.

Son necesarias —explican— ayudas directas, urgentes, y en cuenta. No préstamos ni facilidades de financiación. Las medidas que se han aprobado hasta ahora lo único que han provocado es un mayor endeudamiento de las empresas.

A este respecto, David Sánchez (Comertia) ha indicado que «cada día que pasa aumenta la sangría, de centenares de compañías». En una primera fase (cuando se desató la pandemia en marzo de 2020), las empresas consumieron tesorería. En la segunda pudieron recurrir a los créditos ICO. Pero muchos comercios ya han agotado esos créditos. «Una vez has consumido tus recursos propios y tu capacidad de apalancamiento, lo único que queda es el cierre, y las consecuencias de esto en cuanto a mortalidad de compañías sería incalculable».

Un sector que contribuye fuertemente a la economía del país.

Los sectores de comercio y hostelería tienen un peso del 19,2% en el PIB y son «una de las actividades más relevantes de la estructura productiva». Conjuntamente agrupan a más de 730.000 establecimientos y generan 4,9 millones de puestos de trabajo. «Constituyen la parte más importante de la economía española en términos de empleo (17,1% afiliados a la seguridad social, según la CEOE)».

Son «sectores referentes y reclamo de visitantes extranjeros y nacionales». Puede afirmarse, según los portavoces de la Alianza, que «España se sostiene gracias al comercio y a la hostelería». Según Moreno-Figueroa, «tras casi un año de pandemia seguimos sin recibir ayudas, con restricciones en muchos casos injustificadas y discriminatorias, y con una gran incertidumbre a corto plazo».

La descoordinación de las Administraciones perjudica al comercio... y paraliza el consumo.

Más aún: «después de un año, este baile normativo está generando confusión y no solo desgaste del empresariado sino del ciudadano, del consumidor, al que se le está provocando la parálisis».

El drama de los centros comerciales.